Casos de agresiones a sanitarios aumenta en España

Desde el año 2015 los casos de agresiones a sanitarios en España han ido incrementándose, siendo el último registrado en el Centro de Salud de La Palma, donde un hombre abofeteo a un médico.

El Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, indicó que un médico fue abofeteado por un hombre sin previo aviso, irrumpiendo en la consulta del profesional exigiéndole unos papeles, ejerciendo un fuerte golpe con la mano abierta en el lado izquierdo del rostro.

Por su parte, el profesional sanitario realizó la denuncia correspondiente ante la Guardia Civil, mientras que el Colegio de Médicos apeló a la “conciencia social” de la sociedad para cuestionar y rechazar este tipo de actos violentos.

Aunque en los últimos años se ha venido trabajando en la concientización y establecer medidas para combatirlo desde los colegios médicos, sindicatos, gobiernos regionales y desde la Administración Central, las agresiones continúan aumentando.

El estudio del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial, indica que las agresiones a profesionales sanitarios para el año 2016 aumentó en un 37%, con 495 casos; y en total desde que se comenzaron a contabilizar se han registrado 2.914 agresiones. De estas cifras aún no se han contabilizado las cifras del 2017, por los momentos no hay números oficiales.

En este aspecto, el Ministerio del Interior aprobó el protocolo correspondiente a medidas policiales a adoptar frente a agresiones a facultativos, con el objetivo de tener un procedimiento de actuación común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier hecho de violencia dirigida a profesionales y médicos de la salud.

La Organización Médica Colegial (OMC), por su parte, indica que el mayor logro en la lucha contra este tipo de agresiones se produjo durante el año 2015, momento cuando entró en vigor la ley Orgánica del Código Penal donde se contemplan las agresiones a sanitarios como un delito de atentado contra la autoridad con penas de hasta 4 años de cárcel.

Sin embargo, se continúa trabajando desde los colectivos implicados y la sociedad en general, en soluciones para evitar que hechos como estos sigan ocurriendo.

Esther R.

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